Riesgos de trabajo: pese a cambios en la ley, en la Justicia

Riesgos de trabajo: pese a cambios en la ley, en la Justicia siguen los problemas

El Cronista  Miércoles  08 de Noviembre de 2017 por  Elena Beatriz Peralta

El GPS de los riesgos del trabajo sigue recalculando. El 15 de febrero, después de varias idas y vueltas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley 27.348, modificatoria de la antigua Ley de Accidentes de Trabajo. A nueve meses de su sanción, la nueva norma cambió el mapa de los juicios, pero todavía no logró bajar sustancialmente la cantidad global de demandas que mueve el sistema.

Las demandas bajaron en los distritos en los que entró en vigencia la nueva norma, pero aumentaron en los que se siguen rigiendo sin la modificatoria. Mientras tanto, el sistema sigue sumando demandas y las ARTs reclaman que más provincias incorporen la modificatoria.

Según el último informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y septiembre de este año llegaron 98.896 notificaciones de demandas, 10% más que las registradas en el mismo período de 2016. Desde la UART aclaran que la foto todavía corresponde al escenario anterior a la modificatoria. El procedimiento judicial implica un par de meses de demora entre la fecha de ingreso de la demanda en la justicia y la fecha de notificación a la ART, por lo que el informe -realizado sobre la base de datos de las 16 compañías que concentran el 97% del mercado- no refleja el impacto de la reforma. Sin embargo, los principales dirigentes del ramo advierten que hasta que la 27.348 no se haga efectiva en todo el país, no cambiará las estadísticas.

El texto de la norma responde, en líneas generales, a las demandas históricas de las ART e impone una serie de filtros para bajar la judicialidad del sistema. Entre ellos, exige el paso por una comisión médica para objetivar daños y calcular indemnizaciones, como requisito previo al inicio de cualquier demanda en sede judicial

El tema es que los diputados le dejaron la libertad a cada jurisdicción para adherir o no al nuevo sistema. Para que esto suceda, se debe realizar una adhesión legislativa: es decir que la reforma debe ser aprobada por los legislativos provinciales. La Ciudad de Buenos Aires fue la primera en sumarse: le dio vigencia a partir de marzo, Córdoba se adhirió en septiembre y acaba de sumarse Mendoza. Pero quedan 21 provincias afuera, incluyendo al gran elefante blanco del sistema: Buenos Aires.

 “En la Ciudad de Buenos Aires, donde la Ley entró inmediatamente en vigencia, ya se observa una baja en la notificación de nuevas demandas y un aumento de los casos que se cierran en sede administrativa”, afirma la presidenta de la UART, Mara Bettiol. La ejecutiva explica que con ocho meses de experiencia de la nueva operatoria, los juicios ingresados a la Cámara Nacional de Apelaciones en CABA por riesgos del trabajo pasaron de 9.130 en marzo de este año (435 por día hábil) a 1.308 en la primera quincena de octubre (131 por día hábil).

“Además, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre marzo y septiembre se presentaron en el servicio de homologación, representado por las comisiones médicas, 1.915 casos, de los cuales el 84% culminaron en acuerdo y 16% prosiguieron a los tribunales. Esperamos que estas cifras se repliquen en la provincia de Córdoba, donde este nuevo procedimiento se puso en marcha el 15 de septiembre. Los cambios se incrementarán a medida en que todas y cada una de las provincias vayan realizando la adhesión legislativa a la nueva normativa”, dice Bettiol.

Los ojos están puestos en Buenos Aires, que sigue sin convalidar la norma. “Hay rumores, sobre todo porque es una provincia gobernada por Cambiemos y porque la Ley fue fuertemente impulsada por Mauricio Macri, pero lo cierto es que sigue sin tratarse”, apunta Marcela Botta, socia del Estudio Nicholson y Cano y especialista en RT.

Para complicar un poco más el esquema, los tribunales bonaerenses empezaron a recibir una andanada de juicios a partir de que el nuevo sistema empezó a regir en CABA. “La provincia de Buenos Aires se convirtió en un nuevo polo de atracción judicial, debido a que todavía no existe la obligación de pasar por comisiones médicas antes de iniciar una demanda por accidente de trabajo. Las demandas crecieron 48% en los primeros nueve meses del año”, subraya Bettiol. “La ley es una buena herramienta pero, en tanto las provincias no adhieran, su impacto sigue siendo menor y lo que se registra es más una mudanza de juicios que una baja”, coincide Myriam Clerici, presidente de Provincia ART.

Por su parte, para Julio Fraomeni, presidente de Galeno, aunque la nueva Ley de ART es un paso positivo en el camino de reducir las demandas sin causas reales, “es necesario que todas las provincias adhieran a la misma y que esto, de alguna manera, se extienda a lo largo del país”.

Hecha la ley, hecha la trampa. Botta explica que los abogados acostumbrados a pescar demandas laborales encontraron la vuelta para litigar del otro lado de la General Paz. “Buscan zonas grises, aún cuando el supuesto accidente haya ocurrido en Capital, presentan la demanda en provincia porque el domicilio del trabajador o porque la sede legal del empleador es del Gran Buenos Aires. Muchos tribunales aceptan estos recursos”, advierte.

La abogada dice que hoy es común cruzarse a los letrados que antes no se movían de la calle Lavalle en los tribunales de San Martín, Lomas o San Isidro. “Todos se rematricularon en provincia y están trabajando allí. Lo curioso es que un año atrás ni se les hubiera ocurrido, porque en CABA se pagaban las mejores sentencias y era todo mucho más expeditivo. Con la reforma cambió todo y la única manera que tienen ciertas demandas de prosperar es tramitarse en provincia. La estructura sigue siendo la misma y las causas se demoran porque los juzgados están sobrepasados de expedientes”, admite Botta.

Daniel Arias, gerente General de Swiss Medical Group Seguros y ART destaca la voluntad de la Ley. “Apunta a atacar la judicialidad y hacerlo más previsible y sustentable en el tiempo. Pero para comenzar a sentir sus efectos es necesario que las provincias adhieran a la misma y la Justicia comience a aplicarla. Se precisa de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que avale su constitucionalidad e instruya sobre la correcta utilización del baremo médico y del listado de enfermedades profesionales, y la intervención del Cuerpo Médico Forense en la instancia pericial”.

“El sistema de riesgos del trabajo en el mundo funciona, pero de la manera para lo cual fue concebido, que es generar prevención para el trabajador y, ante un accidente, una muy buena cobertura médica del mismo. Sin embargo, en nuestro país el sistema funciona distinto que, en el resto del mundo, porque aquí el tema de la judicialidad es algo de todos los días, que termina por viciar el sistema. En promedio, de la prima que recibe una ART, el 50% se va en el tema judicial”, detalla el ejecutivo de Galeno.

Botta indica que el tema pericial es un aspecto crucial de la nueva ley. “Antes casi cualquiera que se anotaba, aun no contando con los antecedentes, podía actuar como perito. La modificatoria supone una profesionalización de las pericias”.

Arias advierte que la norma mejoró el escenario al que se enfrentan las compañías: “Cambió en cuanto a la expectativa que genera la Ley respecto del nuevo negocio, haciendo al mismo viable en el futuro. Queda pendiente el tratamiento del stock de los juicios vigentes en el mercado sobre el cual habrá que trabajar en proyectos alternativos de solución, ya que tanto económica como financieramente el pasivo contingente supera las posibilidades de las compañías para hacerles frente”.

El ejecutivo afirma que la performance en CABA fue muy buena en estos casi 9 meses de vigencia. “La judicialidad disminuyó, fortaleciéndose la instancia administrativa y mejorando sustancialmente los tiempos de resolución de los casos, así como también dando previsibilidad a los valores de indemnización homologados. Queda seguir trabajando en la apertura de comisiones médicas en función a las futuras adhesiones de las provincias a la ley y seguir de cerca el acompañamiento de la Justicia a través de sus fallos”, afirma.

Botta coincide: “Hay que acompañar a la ley en términos de logística e infraestructura. No puede ser que un demandante tarde cuatro meses en ser evaluado, porque se pierde toda efectividad pericial. Hay que abrir más comisiones médicas y hacer más expeditivo todo el proceso”.

Ariel Gibaja, director Adjunto de Riesgo del Trabajo de AON Argentina, indica que el sistema de riesgos del trabajo hoy tiene dos caras: por un lado, una penetración óptima y un alto nivel predictivo. Por el otro una industria del juicio difícil de combatir si la reforma no se adopta en todo el territorio nacional. “Desde el punto exclusivo de la siniestralidad, viene en una tendencia a la baja, lo que demuestra el compromiso de todas las partes. Lamentablemente esta tendencia no se dio en la Judicialidad del sistema, a la excluimos de la siniestralidad natural del negocio, la cual venía sosteniendo una alarmante tendencia al alza”.

Entre 2003 y 2016, los juicios por accidentes de trabajos se multiplicaron por 43. “Pasaron de 3.000 a 127.000 al año. El Sistema de RT está funcionando a pleno: da cobertura a más de 10 millones de trabajadores y a 1 millón de empleadores. En sus 21 años de vida, las muertes bajaron 73%, lo que implica 10.000 vidas salvadas y los accidentes y enfermedades cayeron más de 35%, marcando el avance de la cultura del trabajo seguro”, aclara Bettiol.

Los juicios impactaron en los resultados técnicos.”En ciertos casos, el resultado financiero que debería generar el negocio dejó de ser percibido como dividendos por los accionistas y se volcó directamente a la operación. Este impacto se trasladó en forma directa a las tarifas convirtiéndose en ciertas empresas e industrias en un costo que atenta directamente contra la competitividad del negocio”, indica Gibaja.

Clerici coincide: “La industria del juicio provoca un daño más severo en el sector pyme y en el trabajador. En los últimos 12 meses ingresaron 142,2 juicios cada 10.000 trabajadores en empresas de menos de 50 cápitas y 122,6 en empresas de más de 50. La unificación de criterios es clave a los efectos de bajar la conflictividad o litigiosidad y, en ese sentido, se hace fundamental la adhesión de cada una de las provincias a la ley”. Otro punto que le baja la nota a un sistema que se saca 10 en cobertura pero que que sigue reprobando en Tribunales.

Jurisprudencia

En la UART destacan que, a pesar de que todavía falta mucho para que la Ley 27.348 sea realmente federal, los fallos en última instancia están siguiendo el camino de la nueva norma. “Resaltamos una serie de fallos judiciales en los que los altos tribunales, Cámara y Corte, llaman a referenciarse en los parámetros que establece la ley a fin de terminar con arbitrariedades tanto en cuanto a los porcentajes de incapacidad como a los cálculos indemnizatorios”, dice Bettiol

Entre ellos la dirigente destaca el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) y el dictamen de la Fiscalía, en agosto, en el caso de Florencia Burghi contra Swiss Medical ART que declaró constitucional del nuevo procedimiento administrativo ante las comisiones médicas. Siguiendo esa misma línea y también en agosto la Sala X de la CNAT falló a favor de la utilización obligatoria del Baremo en el caso de Romina Fedelle contra Asociart. La Corte Suprema, en tanto, dispuso en septiembre el uso de las fórmulas prestacionales tarifadas en el expediente de Catalina Marando contra QBE y en octubre rechazó la la arbitrariedad del monto de la sentencia en casos de acción civil en el caso de Mariana Fontana contra Brink’s Argentina.

https://www.cronista.com/seguros/Riesgos-de-trabajo-pese-a-cambios-en-la-ley-en-la-Justicia-siguen-los-problemas-20171108-0009.html

Start typing and press Enter to search